¿Está en peligro el Referendum del 1 de octubre tras el aviso de la Agencia Española de Protección de Datos?

web-EXTRADAT-AGPD-REFERENDUM

La Agencia Española de Protección de Datos advierte de una posible infracción de la normativa en la que podrían incurrir los integrantes de las mesas electorales en el caso de que traten y cedan datos del censo electoral catalán.

Argumentando que La Ley 19/2017, de 6 de septiembre, fue suspendida por el Tribunal Constitucional el 7 de septiembre de 2017 y dado el hecho de que los miembros de la Sindicatura Electoral de Catalunya,  a la que le correspondía la supervisión de la formación de las mesas electorales, renunciaron a sus cargos “dejando previamente sin efecto las resoluciones y los acuerdos adoptados”, la Agencia sostiene que «las mesas electorales no han llegado a formarse válidamente dado que, o bien su formación ha quedado revocada, como expresamente comunicaron al TC los miembros de la Sindicatura Electoral de Cataluña, o bien se habrían formado de modo irregular sin la obligatoria supervisión de la citada Sindicatura, al haber renunciado todos sus miembros a sus cargos.»

Por ese motivo, si en la votación prevista para el 1 de octubre se facilita a los miembros de las mesas electorales una copia del censo electoral catalán, «los integrantes de las mismas -al tratarse de órganos que no llegaron a tener existencia legal antes de la suspensión acordada por el Tribunal Constitucional- no podrían tratar esos datos como miembros de un “órgano electoral” ni como personas físicas que estuvieran desempeñando competencias propias de la Generalitat, toda vez que el Alto Tribunal ha declarado que esta última carece de competencias para la convocatoria de consultas referendarias (STC 51/2017, de 10 de mayo).»

La utilización del censo por parte de los responsables de las mesas, tanto para controlar la participación (marcando los datos de las personas que han votado) como por la comunicación a un tercero de esos datos (la lista de votantes) una vez realizado el recuento de votos, constituirían según la AGPD una vulneración de los artículos 6 y 11 de la LOPD.

¿Existe alguna forma de constituir legalmente las mesas para evitar este conflicto? ¿Son realmente los particulares, de forma individual, responsables jurídicos como puede serlo una Administración o una empresa?

En cualquier caso, si finalmente se considera que se han producido estas infracciones, los miembros de las mesas podrían ser sancionados, por cada una de ellas, −tipificadas en las letras b) y k) del artículo 44.3 de la LOPD− con multas de 40.001 a 300.000 euros, según el artículo 45.2 de la LOPD.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *